Los europeos buscan convergencia en la respuesta penal al discurso de odio
Los europeos buscan convergencia en la respuesta penal al discurso de odio
Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) iniciaron este viernes debates para dar una respuesta penal conjunta a los crímenes y discursos de odio, en particular en línea.
La decisión de caratular como delito esos discursos requiere la unanimidad de los 27 miembros de la UE. Ninguno ha cerrado completamente la puerta, pero el gobierno alemán indicó que debe consultar previamente a su Parlamento y otros países plantearon la necesidad de que no amenace la libertad de expresión.
El Tratado de Funcionamiento de la UE incluye diez "eurodelitos" considerados "especialmente graves", como terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de armas y narcotráfico.
"Es una elección política decir que no podemos vivir más con este odio permanente que se propaga y a veces tiene efectos letales", dijo el ministro francés de Justicia, Eric Dupond-Moretti, quien recordó el asesinato del maestro francés Samuel Paty en 2020 a manos de un radical islamista checheno en las afueras de París.
La Comisión Europea propuso en diciembre incluir en la lista de delitos de la UE la incitación al odio y los delitos motivados por el odio y expresó su preocupación por el "repentino aumento" de casos en Europa.
"Vemos que los discursos contra las mujeres, las minorías y toda una serie de personas, se desarrollan con mucha fuerza", dijo el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El reconocimiento de esos delitos permitiría "armonizar cierto número de normas en materia penal”, reforzó.
Polonia pidió avanzar con cautela ante cualquier cambio y hacer un "análisis exhaustivo de las posibilidades existentes" contra el discurso de odio.
- Plataformas digitales -
Los ministros también hablaron con representantes de Facebook/Meta y de Google sobre su cooperación en asuntos legales.
Un proyecto de reglamento europeo sobre pruebas electrónicas, bloqueado durante cuatro años, obliga a las plataformas a designar un representante ante la UE y a responder en un plazo de diez días -o unas pocas horas en caso de emergencia- a una solicitud para el acceso a la prueba de una autoridad judicial.
Dupond-Moretti lamentó la ausencia de Twitter en la reunión, pero agradeció la "buena voluntad" expresada por los representantes de Google y Facebook/Meta.
Las plataformas digitales están en la mira de otro proyecto de reglamento europeo sobre servicios digitales (DSA), que debería permitir la prohibición de contenidos ilegales.
Esta normativa se aplicaría también a servicios de mensajería encriptada, como Telegram, actualmente bajo escrutinio en Alemania, por mensajes de incitación al odio publicados por adversarios de las restricciones sanitarias impuestas para contener la pandemia de coronavirus.
El ministro de Justicia alemán, Marco Buschmann, pidió a Telegram que aplique la legislación alemana, o de lo contrario el servicio de mensajería podría ser multado con "varios millones de euros".
O.Leclercq--JdB
