Ministro justifica régimen de excepción con el que El Salvador combate a pandillas / Foto: Alex Brandon - POOL/AFP
Ministro justifica régimen de excepción con el que El Salvador combate a pandillas
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró este domingo que sus compatriotas ahora viven sin "miedo" a la delincuencia, al justificar tres años de un régimen de excepción en el país.
En respuesta a una escalada de 87 homicidios registrados en un mismo fin de semana, el presidente Nayib Bukele instauró un régimen de excepción el 27 de marzo marzo de 2022 para combatir a las pandillas financiadas con extorsiones y venta de drogas.
"Lo que por décadas fue impensable para los salvadoreños, vivir sin miedo, con paz y libertad, ahora es una realidad, y eso ha sido posible gracias al régimen de excepción", aseguró Villatoro en la red social X.
El funcionario también anunció el arresto de un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha(MS-13) al que identificó como Celso Aguirre.
El gobierno atribuye a las pandillas más de 120.000 homicidios en las últimas tres décadas.
La policía y el ejército han detenido a más de 86.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 ya están en libertad tras ser declarados inocentes.
"Somos el país más seguro del hemisferio occidental", aseguró Villatoro tras indicar que continuarán trabajando para capturar pandilleros y que Aguirre será enviado ante un tribunal.
Con el régimen de excepción los homicidios cayeron de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024.
Bukele también dijo este domingo en X que era "la mayor operación contra el crimen en la historia mundial".
El Salvador cumple tres años de estado de excepción "consolidando patrones de abuso que ahora trascienden sus fronteras", criticó en un comunicado Amnistía Internacional.
"Sin duda que ha disminuido la violencia de las pandillas y la tasa de homicidios (...), pero los salvadoreños no tienen por qué optar entre tener seguridad y tener garantías al debido proceso", señaló a la AFP el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
"La obligación del gobierno es garantizar las dos", afirmó.
Y.Simon--JdB
